Estudiante de informática en Osorno es formalizado por amenazas de bomba y muerte contra docentes de INACAP
Una investigación de alto perfil liderada por el Ministerio Público y la PDI culminó este viernes con la formalización de un joven de 19 años, estudiante de informática en INACAP Osorno, por una serie de amenazas que generaron alarma pública y afectaron gravemente la convivencia institucional.
El imputado fue acusado de enviar múltiples correos electrónicos intimidatorios, incluyendo seis amenazas de muerte y seis falsos avisos de bomba dirigidos a docentes y directivos de la sede educacional.
La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que el tribunal decretó medidas cautelares estrictas: arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a las víctimas y a las instalaciones del recinto académico, además del arraigo nacional. La decisión se enmarca en la gravedad de los hechos, que no solo pusieron en riesgo el normal funcionamiento de INACAP, sino también la seguridad psicológica de su comunidad educativa.
Según detalló la Fiscalía, los primeros mensajes amenazantes comenzaron a recibirse en abril. Utilizando correos electrónicos, el imputado advirtió sobre la supuesta detonación de artefactos explosivos y el uso de armas de fuego dentro del establecimiento, creando un clima de temor entre los trabajadores y estudiantes. Ante la reiteración de estas amenazas, se activaron los protocolos de seguridad institucional y se inició una exhaustiva pesquisa junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) y la unidad de Cibercrimen de la PDI.
La trazabilidad digital fue clave para identificar al autor de los correos, quien utilizó técnicas básicas para ocultar su identidad pero no logró eludir el rastreo técnico de los investigadores. La fiscal De Miguel subrayó que, pese a que no se concretaron actos de violencia física, los delitos por amenazas y avisos falsos de bomba están tipificados con penas significativas debido a su impacto público y el gasto estatal que implican.
Desde INACAP, si bien no se han emitido declaraciones formales hasta ahora, fuentes cercanas señalaron que se está brindando apoyo psicológico a los docentes afectados y se revisarán los protocolos internos de seguridad digital.
Este caso reabre el debate sobre la seguridad en entornos educacionales y el rol de las tecnologías en delitos emergentes. También deja al descubierto la necesidad de una formación ética robusta en estudiantes de carreras ligadas al ámbito informático, dado el uso indebido de herramientas digitales para actos intimidatorios.
